Otras Miradas

Hace ya un tiempo que escucho a la comunicadora Inés Hernand defender la ruptura que llevó a cabo con su familia y como eso la salvó. Quienes hemos trabajado en los servicios de atención a víctimas de violencia de género, como en mi caso, sabemos que la familia no siempre es un factor de protección. Más bien al contrario, puede convertirse en un factor de riesgo, especialmente, para niños y niñas. Sin embargo, parece que hoy en día seguimos sin poner la atención debida sobre la infancia y, si no, ¿qué me dicen de los inexistentes juzgados de violencia contra menores que prevé la ley de protección integral a la infancia? Tres años sin saber nada de ellos.

         La verdad es que tampoco me sorprende. Las personas adultas vivimos y construimos nuestras vidas, nuestro ocio, cultura, ciudades, casas… de espaldas a las niñas y a los niños. La infancia siempre es lo de menos en este mundo y, en una sociedad como la nuestra que ni siquiera les reconoce la totalidad de derechos y libertades a quienes aún no tienen los 18 años, su vulnerabilidad es máxima. Mientras vivimos nuestra minoría de edad estamos viviendo la situación de mayor exposición a cualquier forma de violencia. Nuestras vidas dependen de terceras personas, padres, madres, tutores legales, instituciones. Supuestamente son quienes nos protegen y nos cuidan, pero ya sabemos que no siempre es así.

         Desde 2013 hasta 2023, 53 menores se han convertido en víctimas mortales de la violencia vicaria. La insignificante punta de un iceberg que oculta la realidad violenta de niñas y niños que sufren abusos y malos tratos por parte de progenitores, de quienes tienen su tutela, su guarda legal, por quienes pueden ejercer un abuso de poder en base a la minoría de edad que les deja en una situación de indefensión, sin que pueden encontrar la forma de que alguien les escuche y, lo más importante, les crea.

         La actuación de los poderes públicos, al respecto, se rige bajo la premisa de que lo más conveniente para niños y niñas es permanecer en el núcleo familiar, pese a todo. Así, la actuación en los casos de abuso de poder o violencia psicológica, especialmente, se sigue promoviendo bajo una perspectiva tradicional, no se apuesta por cambios en la convivencia ni en las formas de relaciones familiares.

         Por suerte, recientemente me encontré con una noticia esperanzadora, la de la jueza que escribe a menores sobre quienes dicta sentencia para explicarles el porqué de su decisión. Isabel Giménez ejerce en un juzgado de Barcelona y defiende que existe el derecho de hijos e hijas a relacionarse con sus padres y madres, pero ese, también es un derecho a no relacionarse. En la praxis judicial esto parece algo revolucionario, pero a mí, lo que, verdaderamente, me parece revolucionario, es que alguien les preste la atención que merecen.

Lourdes Pastor